Aproposito del 1er. Seminario por el Desarrollo Integral de la Región Enriquillo.
Por: Pablo García
La región Sur de República
Dominicana concentra en nueve de sus diez provincias el 41.3% de los
permisos de explotación de minería otorgados por las autoridades, siendo
San Cristóbal, con un total de 18, la demarcación con mayor número de
concesiones.
De las 18 licencias para extracción de minerales en San Cristóbal, el
83.3% corresponden a roca caliza (15), 11.1% a arena (2) y una a
caliche, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Hasta el pasado 31 de octubre, el Estado dominicano otorgó, a través
del MEM, 125 permisos para explotación de yacimientos. Un total de 55
estaban asignados a provincias sureñas y de esa cifra, el 32.7% a San
Cristóbal.
De los 55 permisos que hay en el Sur, el 52.7% es para explotar roca
caliza (base del cemento), 16.3% para yeso y el 7.2% para arcilla. En la
región se extraen otros materiales, como larimar, mármol y sal, pero en
un porcentaje menor.
El Sur también cuenta con la tercera provincia del país con más
permisos de extracción de minerales. En Barahona, con 13 concesiones,
equivalente al 23.6% del total regional, las licencias para explotar
yacimientos de yeso representan el 30.7%. Le siguen la roca caliza con
23%. Allí existen también una mina de larimar y otra de mármol, dos
permisos para extracción de sal y dos de materiales diversos.
Tanto en San Juan y Bahoruco, el travertino y el yeso son los
minerales con más licencias para aprovechar. Mientras que en Peravia, de
los cuatro permisos de extracción que concentra, el 75% corresponde a
arcilla. En Pedernales, Elías Piña, Independencia y Azua priman las
explotaciones de roca caliza.
El Ministerio registra 125 concesiones de explotación que incluyen 123 no metálicas (mármol, arcilla, rocas, larimar, sal o yeso) y dos metálicas (oro, plata, cobre y ferroníquel). A ese número se suman otras ocho de empresas y personas que cuentan con permisos para extraer en varias provincias.
El presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana
(Camipe), José Sena, considera poco excesiva la cantidad de permisos
mineros. Sostiene que el país debe estudiar, de forma profunda, los
datos científicos, que permitan, por un ordenamiento territorial,
conciliar las áreas, “desde el recurso agua hasta el turismo, desde la
agricultura hasta la foresta”.
“Nuestros recursos están puestos para que lo utilicemos y que se desarrolle el país en base a sus materias primas”, dice.
Ley de Ordenamiento
El 12 de julio de 2016 los diputados aprobaron en primera lectura el
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que entre otras cosas,
establece los lineamientos de organización sostenible del país, los
cuales consideran su capacidad de carga y productividad, y los criterios
para asignar el uso de un suelo minero.
Omar Rancier, encargado de Formulación y Evaluación de Proyectos de
la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, explica
que la legislación, pendiente de ratificación en el Senado, busca
establecer las actividades apropiadas para cada territorio, de acuerdo a
su potencialidades.
“En el caso del tema minero, se establece que sea sostenible y que no
lastime ni social ni ambientalmente; pero sobre todo, que se plantee un
sistema de extracción que, al mismo tiempo, permita aprovechar las
riquezas económicas y sea un vector de desarrollo de las regiones”,
detalla Rancier.
Para el presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel
Regueiro, invitado por la Camipe, la cantidad de concesiones para
explotación de yacimientos otorgadas por el país no es problema, siempre
que se “respete el medio ambiente”.
Regueiro recomienda que en la Ley de Planificación de Territorio se
incluya un tipo de suelo minero. “Lo más importante son los recursos
mineros en la planificación del territorio. La mayoría de la
planificación de territorio en el mundo se hace más bien para decidir
dónde se construye y dónde no”.
Irregularidad
En noviembre de 2015, la empresa Cementos Santo Domingo, propiedad de
la familia del entonces aspirante presidencial Luis Abinader, se vio
envuelta en un escándalo cuando el Ministerio de Energía y Minas le negó
una solicitud de explotación de roca caliza en Azua. La dependencia
alegó que el 92.78% de los 59.80 kilómetros cuadrados del área pedida
para la concesión denominada Hatillo se encuentra dentro de los límites
del parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y la reserva forestal
Hatillo.
Energía y Minas explicó en un documento que la empresa nunca tuvo una
concesión de extracción de roca caliza y así se evidencia en la lista
de permisos de explotación otorgados.
Con el objetivo de tener mayor control sobre la actividad minera, el
Ministerio de Energía y Minas asegura que elaboró ocho iniciativas. Las
acciones incluyen un proyecto de revisión de los permisos de exploración
que busca declarar caducas y nulas las concesiones que no estén
operativas, incumplan las disposiciones legales o no estén acordes al
interés nacional.
“El Estado debe promover la minería responsable y ser nuestro aliado,
y (el Ministerio de) Medio Ambiente lo que tiene es que exigirnos que
cumplamos las leyes para minimizar el impacto que generamos y definir
qué es permisible y qué no y aplicar las multas”, sostiene el presidente
de la Camipe.
En el Cibao
La región Norte, con 33 permisos para explotación minera, equivalente
al 24.8% del total otorgado en República Dominicana, incluyendo los
únicos dos metálicos del país (ferroníquel, oro, plata y cobre), ocupa
el segundo lugar, medido de forma regional.
Samaná, dentro de esa zona, es la provincia con más permisos de
explotación, con dos concesiones para extracción de roca caliza y siete
para mármol. De este último mineral, el Cibao tiene el 90.9% de las
licencias que otorgó el Ministerio de Energía y Minas, al 31 de octubre.
Monseñor Nouel alberga dos minas metálicas en operación. Aunque de
sus seis permisos de explotación, el 66.6% corresponde a arcilla.
Santiago es en la región Norte la tercera provincia con mayor
cantidad de concesiones para explotación, con cinco. Sus yacimientos son
principalmente de insumos para la construcción: arena, roca caliza y
arcilla.
Igual ocurre con los permisos de extracción en la provincia Sánchez
Ramírez, debido a que tres de sus cuatro concesiones son para suplir la
industria de la construcción. Aunque posee, junto a Monseñor Nouel, la
única mina que explota oro, plata y cobre del país.
En las nueve concesiones restantes de la región Norte, distribuidos
entre Puerto Plata (4), Valverde (2), La Vega (2) y María Trinidad
Sánchez (1), se extraen materiales diversos, sobre todo caliza y
arcilla.
Las del Este
En cambio, la región Este, donde se ubican los principales polos
turísticos dominicanos, concentra el 21% de las concesiones mineras del
país. En La Altagracia se ubican la mayor cantidad de permisos, 10 en
total, correspondiendo el 70% a roca caliza, el 20% a la extracción de
roca volcánica y el 10% a coralina.
En la zona Este las concesiones para la explotación de los tipos de rocas son las más abundantes.
En Hato Mayor, el 60% de sus minas extrae roca volcánica; en La
Romana, el 75% de los permisos es de caliza y el resto roca coralina; en
San Pedro de Macorís, el 50% es de caliza y el restante es de coralina
(25%) y arcilla (25%).
En Monte Plata, de sus tres permisos de explotación, todos
corresponden a arena y otros materiales. En tanto, en el Seibo, de sus
dos minas, una extrae roca caliza y la otra volcánica.
El Gran Santo Domingo cuenta con 17 permisos de explotación de rocas,
en su mayoría en el municipio de Boca Chica. El 62.5% corresponde a
coralina, el 31.2% a caliza y el 6.2% a roca volcánica, esta última
concesión ubicada en el municipio de Pedro Brand.
Pese a que hay minería en 24 provincias, los principales yacimientos
en explotación se ubican en Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde
están las operaciones de Barrick Pueblo Viejo y Falcondo.
El Ministerio de Energía y Minas ve “difícil” que el país logre la
organización minera por tipo de mineral. “El descubrimiento de los
minerales existentes en un área es un proceso dinámico y constante”,
alega.
“El Estado, al otorgar concesiones a terceros, está traspasando el
riesgo y el costo de la exploración y la prospección, debido a que se
desconoce lo que se puede encontrar en ese subsuelo. Por tanto, es
difícil organizar el territorio por tipo de mineral”, sostiene la
dependencia que encabeza Antonio Isa Conde.
Controles
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió a mediados de año una
resolución con el propósito de regular la proporción de muestras de
sustancias minerales en concesiones de exploración, a los fines de
evitar que mediante éstas se extraigan “grandes cantidades” de
materiales y/o minerales, para fines de comercialización interna o
externa, convirtiéndose en una concesión de explotación ilegal.
El MEM también elaboró el proyecto de Control de Exportaciones de
Sustancias Minerales, junto a varias instituciones, que busca que los
materiales que sean exportados vayan acompañados de una certificación de
no objeción, con el objetivo de controlar el origen y la cantidad que
se exporta, hacia dónde va y se pagan los impuestos correspondientes,
según informó.
Transparencia en la industria extractiva
Según el presidente de la Cámara Minera Petrolera de República
Dominicana, José Sena, el reto número uno del sector minero para este
2017 es “que seamos miembro de la iniciativa de Transparencia en la
Industria Extractiva (EITI, en inglés)”, la cual busca transparentar los
ingresos que generan las empresas mineras y que concuerde con lo que le
pagan al Estado. “Para que el país sepa qué se genera de la minería y a
dónde van esos recursos, que tienen que ser auditados por la sociedad”,
explica Sena.
La Ley Minera obliga a los concesionarios a emitir informes
semestrales de progreso y anuales de operación, que le permitan al
Ministerio de Energía y Minas comprobar el estatus de las concesiones,
especialmente si están al día con sus obligaciones.
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